La Profepa marcó un precedente al frenar una construcción en Tulum que tenía meses violando las clausuras que se le imponían por las afectaciones al ecosistema; ahora busca que se repare el daño y, al mismo tiempo, lucha contra decenas de casos similares.
por Ángela Chávez| Ilustración: Minoz| Reporte Indigo |17 de Octubre de 2025 12:17 hs. En México, decenas de construcciones en las zonas costeras amenazan los ecosistemas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabeza una batalla para frenarlas y subsanar los daños ocasionados. Esto, tras una serie de denuncias ciudadanas e investigaciones en las 17 entidades costeras del país.
En entrevista para Reporte Índigo la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, informa que en este primer año de gestión se han concretado 84 clausuras, 103 multas durante las inspecciones en ecosistemas costeros. Además, también se han realizado 605 inspecciones a desarrollos inmobiliarios y 297 recorridos de vigilancia, lo que representa mil 476 kilómetros recorridos.
Estas acciones se han llevado a cabo en 216 playas de 80 municipios costeros, lo que abarca 40 Áreas Naturales Protegidas y Sitios Ramsar —humedales de importancia internacional que son designados para la conservación de la biodiversidad y el sustento de la vida humana—.
El último caso y uno de los más emblemáticos es el inmueble Adamar, ubicado en Tankah IV, Bahía de Solimán, municipio de Tulum, en el cual la Profepa y la Fiscalía General de Quintana Roo lograron una resolución judicial para asegurarlo.
La denuncia fue presentada por la Profepa el pasado 16 de julio en contra de la persona moral “Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.”, conocida comercialmente como Condominio Adamar, por hechos que podrían constituir delitos contra el patrimonio, la administración pública, el desarrollo urbano y el medio ambiente, previstos en diversos artículos del Código Penal del estado de Quintana Roo.
Al respecto, la titular de Profepa detalla que intervinieron en el caso luego de recibir denuncias ciudadanas por la construcción que se estaba llevando a cabo por parte de este desarrollo en un ecosistema costero, sin contar con las autorizaciones federales ambientales; es decir, la obra se realizaba sin contar con autorización en materia de impacto ambiental que tiene que otorgar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Nosotros intervenimos desde 2024, hicimos la investigación y detectamos que el desarrollo no contaba con las autorizaciones correspondientes, clausuramos la obra e impusimos una multa, incluso ordenamos la reparación del daño”, dijo Boy Tamborrell.
También se informó que en audiencia celebrada el pasado 23 de septiembre, el juez penal consideró procedente la solicitud presentada por la Fiscalía, con la participación de la Profepa como denunciante y víctima, al reconocer la existencia de pruebas suficientes para autorizar el aseguramiento inmediato del predio.
Violaron sellos de clausura en Tulum
La Profepa también informa que los responsables del condominio Adamar, ademas de iniciar las obras de construcción sin la autorización ambiental federal correspondiente, continuaron dichas obras a pesar de las clausuras que les fueron impuestas en diversos momentos.
Esa actuación fue contraria a la normativa ambiental así como a las leyes estatales y federales, por lo que se constituyeron diversas faltas administrativas e ilícitos contra la biodiversidad.
La titular de la dependencia detalla cómo ha sido esta lucha, en particular para poder proteger el ecosistema de esa zona afectada por la construcción: “Desde 2024 presentamos denuncias penales y a pesar de ello, la obra había continuado. Volvimos a poner los sellos de clausura en repetidas ocasiones; sin embargo, el estado de clausura ha sido violado por la empresa en todas estas ocasiones y a partir de esta nueva administración iniciamos con nuevos procedimientos administrativos”.
Explica que iniciaron una investigación en materia de zona federal marítimo-terrestre, y detectaron que parte de la obra cae dentro de la zona federal, que es propiedad de la nación y que cualquier persona que quiera construir o aprovecharla requiere una concesión otorgada por la Semarnat con la que no cuenta la empresa mencionada.
“Nos hemos dado a la tarea de seguir recabando información para tener una carpeta de investigación robusta y a partir de todas estas investigaciones que hemos hecho a lo largo de este año, es que ahora tenemos mayores elementos para continuar con los procesos penales, así que presentamos una nueva denuncia penal federal en materia de zona federal y una denuncia ante la fiscalía estatal por varios delitos que identificamos en materia de desarrollo urbano y ambiental, y por fraude”, señala la funcionaria.
Agrega que se tienen configurados alrededor de cinco delitos de distintas disposiciones del estado de Quintana Roo que se están violentando por la construcción de este desarrollo, por lo que mantienen una estrecha comunicación con la fiscalía para lograr asegurar al culpable y avanzar en el proceso penal.
“Hace unos días logramos tener este aseguramiento por parte de la fiscalía y el proceso penal continúa. Lo que estamos buscando en este caso es la reparación del daño principalmente”, precisa.
Mariana Boy Tamborrell dio a conocer que la construcción ha provocado daños en la zona donde se levantaba y tendrá que hacerse un dictamen de daño ambiental, además que como primer medida de reparación de daño se tendría que demoler el inmueble.
Problemática en estados costeros
La titular de Profepa resaltó las luchas y los logros que poco a poco alcanzan, como es el caso Adamar, el cual sienta un precedente importante, no solo en el estado de Quintana Roo, donde hay un gran número de desarrollos inmobiliarios y turísticos que se están construyendo de manera ilegal, sino también en otros estados donde hay una problemática muy similar.
“Tan solo en el estado de Quintana Roo hemos clausurado este año más de 30 inmuebles que están construidos de la misma manera (…) Es importante informar que en todos estos vamos a llevar el mismo camino, no necesariamente en todos vamos a acudir a la instancia penal, pero sí vamos a buscar sanciones ejemplares y reparación del daño”, dijo la funcionaria en entrevista.
También informó que en el resto de los estados costeros del país, tienen alrededor de 50 casos similares a los de Adamar los cuales buscan resolver, desde Baja California hasta la península de Yucatán.
“En Baja California Sur y Baja California, se han registrado varios desarrollos turísticos e inmobiliarios clausurados. Es una situación que prácticamente está presente en la mayoría de las entidades donde tenemos gran afluencia turística”, informó.
La procuradora señaló que, en este sexenio, lo más importante para la Profepa es que se cumpla con la normatividad ambiental, aunque saben que las ciudades están en un crecimiento constante, al mismo ritmo que la población; sin embargo, aclara que las zonas urbanas requieren de esta expansión, pero que debe hacerse de manera ordenada y que para ello justamente existen las normas ambientales, para no poner en riesgo los ecosistemas.
“Lo que estamos esperando es que empiece a generarse esta cultura de legalidad entre los desarrollos inmobiliarios, que acudan a las instancias federales, que se informen dónde pueden instalarse, cuáles son las limitantes y cómo pueden hacer mejor sus proyectos para que tengan un menor impacto al medio ambiente, sobre todo de zonas costeras que nos brindan servicios ambientales importantísimos, ya lo hemos visto con fuertes fenómenos meteorológicos, siempre son una barrera importante”.
Enfatizó que el caso Adamar manda un mensaje claro de que la Profepa va a utilizar y hacer uso de todas sus atribuciones y herramientas que tiene a su alcance para hacer cumplir la normatividad y proteger los recursos naturales y el patrimonio natural”, concluyó.
Legislación vigente no tiene estructura
El marco legal para el uso y conservación de las áreas costeras de México no está estructurado de la manera adecuada, ello de acuerdo con María del Rosario Merlín García, exdiputada federal y militante de Morena, quien en febrero de 2022 presentó una iniciativa para expedir la ley general para la gestión integral y sustentable de las zonas con mar.
En el proyecto también participó Carmen Aurora Carmona Lara, ambientalista por la UNAM, quien resalta la necesidad de tener una norma específica para el cuidado de las zonas costeras, que fue presentada por la entonces senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura del Senado, en abril de 2018.
En el documento de la iniciativa que se presentó a la Cámara de Diputados se expresa: “Aunque actualmente el marco legal regulatorio para el uso, aprovechamiento, conservación y protección de las zonas costeras lo integran más de 120 disposiciones: tratados internacionales, leyes federales, reglamentos, normas oficiales mexicanas, no obstante no está estructurada para poder llevar a cabo la gestión costera de forma integral y sustentable».
ese contexto, cabe destacar que el territorio nacional forma parte de las naciones más importantes del mundo por su biodiversidad ya que cuenta con una situación geográfica privilegiada por su acceso a los dos océanos más grandes del mundo, con una extensión de 11 mil 122 kilómetros de costas.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, en junio de 2008, se creó con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, la cual elaboró la Política Nacional de Mares y Costas de México, con la que desde entonces buscaba responder a la “necesidad urgente” de establecer un instrumento integral de gestión con el fin de hacer más eficientes y efectivos los procesos de toma de decisiones, detener y revertir el deterioro que han sufrido a lo largo de décadas y así, potenciar su desarrollo actual y futuro de las costas de México.
Pese a lo establecido en el DOF, las áreas que están rodeadas de los océanos en México siguen amenazadas, ya que en la iniciativa de 2022 se destaca que “dado que el incremento de las áreas urbanas costeras se continuará dando, se deben considerar en los procesos de planeación y gestión del litoral, ya que la pérdida de hábitat afecta de manera trascendental a la biodiversidad de todo el océano para detener y revertir el proceso de degradación acelerada”.
